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Políticas públicas y mujeres organizadas: análisis a
partir del escenario progresista en Uruguay
Public policies and organized women: analysis from the
progressive scenario in Uruguay
MTRA. FIORELLA PAOLA NESTA GARGANO
Universidad de la República, Montevideo, Uruguay(fnesta@psico.edu.uy)(https://orcid.
org/0000-0002-1791-0241)
RESUMEN
El presente artículo da cuenta de algunos resultados producto
de la investigación nanciada por el Espacio Interdisciplinario
de la Universidad de la República, titulada: “Participación de las
Organizaciones de la Sociedad Civil en Políticas Públicas Sociales
que abordan Violencia Doméstica, en Uruguay”; (2015-2016). La
investigación se centra en la descripción y análisis de la participación
de las Organizaciones de la So-ciedad Civil en las políticas públicas
existentes en Uruguay desde el 2005 al 2015, que se vinculan a la
violencia doméstica. A partir del nuevo escenario socio político que
se instaura en Uruguay a partir del año 2005 con la instalación del
primer gobierno Progresista, comienzan nuevas conguraciones de
lucha por los derechos de las mujeres.
ABSTRACT
This article presents some results of product research funded by
the Interdisciplinary Area of the Universi-ty of the Republic, entitled
"Participation of Civil Society Organizations in Social Public Policies
addressing Domestic Violence in Uruguay";(2015-2016) enrolled in
the Interdisciplinary Center for Critical Thinking in Latin America
and collective subjects. The research focuses on the description and
analysis of the partici-pation of the Organizations of Civil Society
Organizations in social policies existing in Uruguay from 2005 to
2015, which are linked to domestic violence. From the new socio
political scenario that is established in Uruguay since 2005 with
the installation of the rst Progressive government, begin new
congurations of struggle for women's rights.
VOLUMEN V/ NÚMERO 1/ AÑO 3/ ISSN 977245257580
PÁGINAS 27-47/ RECIBIDO: 18-06-2022/ APROBADO: 28-05-2022
DOI: https://doi.org/10.53645/revprop.v5i2.88
www.revpropulsion.cl
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Políticas públicas y mujeres organizadas: análisis a partir del escenario progresista en Uruguay
PALABRAS CLAVES / KEYWORDS
Organizaciones, sociedad civil, incidencia, violencia doméstica, políticas públicas,
derechos de las mujeres. / Organizations, civil society, incidence, domestic
violence, public policies, women's rights
1. INTRODUCCIÓN
Con la llegada de la izquierda al gobierno en Uruguay (2005), se instaura un escenario
político diferente incluso a los anteriores electos desde la recuperación del orden
democrático. Como expresan Giorgi, Rodríguez & Rudolf, (2011), los gobiernos progresistas
han propuesto un nuevo contrato social basado en la corresponsabilidad. Al mismo tiempo
propone recuperar el rol del Estado como principal rector de políticas públicas, estimulando
la participación ciudadana relegada en los diseños de políticas públicas de corte neoliberal.
Generar espacios de incidencia política emerge como una forma de fortalecer la participación
de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre políticas públicas.
Desde el 2005 a la fecha, Uruguay cuenta con un total de 18 políticas públicas orientadas
a la vio-lencia doméstica, que operan a nivel nacional; 7 corresponden al Ministerio de
Desarrollo Social (INMU-JERES); 2 corresponden al Ministerio de Salud Pública; 4 al Ministerio
del Interior y 5 a la Intendencia de Montevideo. En distintos niveles las políticas públicas
están articuladas con acciones de las Organizacio-nes de la Sociedad Civil (en adelante: OSC)
y en todos los casos tienen como principal objetivo erradicar la violencia basada en género,
cuya principal manifestación en Uruguay es la violencia doméstica. De la Primera Encuesta
Nacional de Prevalencia sobre Violencia Basada en Género y Generaciones (2013), surge que
7 de cada 10 mujeres mayores de 15 años manifestaron haber vivido alguna situación de Vio-
lencia de Género en su vida. Mientras tanto, en el primer semestre del 2015 el Ministerio del
Interior reci-bió 16.199 denuncias por Violencia Domestica, 1 denuncia cada 16 minutos, según
datos brindados por el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad en Uruguay.
2. MARCO CONCEPTUAL
2.1 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y POLÍTICAS PÚBLICAS
La participación ciudadana es entendida como un proceso social que nace de necesidades
y problemáticas en un determinado tiempo socio histórico, funciona como herramienta para
la construcción, sostenimiento y profundización de las democracias, y supone un grado de
incidencia en la vida colectiva (Ferullo, 2006). La misma autora sostiene que la participación
supone una afectación del sujeto, en la construcción, inclusión, producción y compromiso;
característica que permite visualizar el proceso como una herramienta de producción
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humana. De manera similar, la denición de participación de A. Escobar, (2004) nos remite a:
(…) el involucramiento e incidencia de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones,
en temas y actividades que se relacionan al desarrollo social, político y económico, así como
el involucramiento en la ejecución de dichas decisiones, para promover, en conjunto con
actores sociales e institucionales, acciones, planicaciones y decisiones hacia el Estado (p.103)
M. De Lellis (2006), plantea que las políticas públicas son «un conjunto de iniciativas,
decisiones, acciones u omisiones que adopta el Estado y las organizaciones sociales de
manera simultánea o secuencial en el tiempo, tratando de resolver situaciones que dichos
actores juzgan problemáticas» (p.126). Profundizando en esta misma línea encontramos que
V. Giorgi, (citado en A. Rodríguez, 2013), las entiende como: «reproductoras y productoras
de subjetividad, no sólo porque expresan las creencias, los valores, los sentidos producidos
en un momento socio-histórico dado, sino también porque, en tanto mediadoras entre lo
macro y lo micro, participan de la conguración de las relaciones sociales en el ámbito de lo
público y en la vida privada» (p. 3).
En este sentido, podemos retomar el planteo de Ana Ferullo sobre participación para
comprender lo expresado por Giorgi (2006) «cuando los sujetos adquieren una identidad
social que les permite expresar-se a través de sus colectivos y adoptar posturas activas en
pro de la defensa o restitución de sus dere-chos, se opera una inclusión en la dinámica
social» (p.4). Por lo tanto, los procesos de democratización del aparato del Estado generan la
creación de instancias de participación ciudadana en las diferentes fases de elaboración e
implementación de las políticas públicas (Escobar, 2004).
2.2. LAS ORGANIZACIONES Y SUS ESCENARIOS DE INCIDENCIA POLÍTICA
El concepto de OSC, deviene de múltiples deniciones siendo utilizado a lo largo de
las diferentes épocas como sinónimo de organización no gubernamental o tercer sector,
entre otros. Andrews y Edwars (citado en M. Leiras, 2007), entiende que son «organizaciones
que desarrollan estrategias respaldadas en argumentos de interés público para promover
o resistir cambios sociales que, si se implementan, estarían en conicto con los intereses
o valores sociales, culturales, políticos o económicos de otros grupos u organizaciones».
C. Midaglia, et al., (2009) entienden que son concebidas como: «grupo compuesto por
organizaciones de naturaleza privada, que se autogobiernan, y tienden a ubicarse entre el
Estado y los segmentos de la población que poseen algún tipo de dicultad para generar
acción colectiva» (p. 7).
Uruguay transitó por un período de terrorismo de Estado (1973-1985), mediante la
instauración de un régimen militar, implicando la privación de las libertades y exclusión social
de amplios sectores de la población. Durante este período se proscribieron y se prohibieron
las formas tradicionales de asociación, agrupación, partidos políticos, y sindicatos. En la
transición a la democracia, las OSC jugaron un papel importante y tuvieron una incidencia
en el proceso de reconstrucción de la democracia (Civicus, 2010). García, (2003), expresa
que es en ese contexto de autoritarismo donde emerge, desde las organizaciones sociales,
una cultura alternativista basada en proyectos democráticos, antiburocráticos y de raíz
comunitaria.
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Políticas públicas y mujeres organizadas: análisis a partir del escenario progresista en Uruguay
Luego de 30 años de recuperada la democracia en Uruguay, las OSC han ido acompañando
los diferentes procesos y coyunturas. En tanto, generar espacios de incidencia política es una
forma de fortalecer la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre políticas
públicas, en la medida en que las OSC van avanzando con el logro de este objetivo, se van
transformando las relaciones de poder entre las instituciones del Estado y la ciudadanía
hacia un modelo más democratizador (WOLA, 2005).
Se entiende por incidencia política de las OSC:
Proceso deliberado y sistemático que contempla la realización de un conjunto de acciones
políticas de la ciudadanía organizada, dirigidas a inuir en aquellos que toman decisiones
sobre políticas mediante la elaboración y presentación de propuestas que brinden soluciones
efectivas a los problemas de la ciudadanía, con la nalidad de lograr cambios especícos
en el ámbito público que benecien a amplios sectores de la población o a sectores más
especícos involucrados en el proceso (Pozos, 2005, p.15).
Acuña, (2007), plantea que «la magnitud de la incidencia de las OSC dependen de
sus recursos y de las oportunidades que el contexto político ofrezca para acumularlos y
desplegarlos» (p.82). Siguiendo los planteos del autor, las OSC logran incidir cuando poseen
objetivos claros que requieren intervenciones particulares dependiendo de la etapa de la
política que se trate (Acuña, 2007).
2.3 DERECHOS DE LAS MUJERES Y VIOLENCIA DOMÉSTICA
Los modos de ejercicio del abuso de poder son complejos y se instalan en la construcción
subjetiva de los sujetos y los colectivos sociales; produciendo procesos de naturalización
y acomodación imperceptibles, no consientes, y subjetividades que se reproducen,
estableciendo diversos modos de dominación naturalizados. La violencia es el ejercicio
abusivo del desequilibrio de poder el cual genera daño, lesión y vulneración de derechos.
Molas señala que, «(…) la violencia en la familia es el ejercicio del abuso de las relaciones
inequitativas en términos de poder, relaciones pre-establecidas por el social histórico. La
matriz de lo que hoy denominamos como violencia familiar es la familia patriarcal» (2012. p.
83).
Así mismo, entiende que la visibilidad del fenómeno de la Violencia Doméstica (en adelante
VD), se dio fundamentalmente por las manifestaciones generadas por los movimientos de
mujeres en los procesos de la lucha por sus derechos. En ámbitos internacionales se destaca
como un paso importante en la visibilizacion de los derechos de las mujeres La Convención
para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979 –
raticada por Uruguay en 1981). Posteriormente La Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Belém do Pará, 1994 - raticada por
Uruguay en 1995), es el primer tratado que reconoce que “toda mujer tiene derecho a una
vida libre de violencia, tanto en al ámbito público como en el privado” (Art.3). Tal como lo
expresa la Convención «los Estados partes condenan todas las formas de violencia contra la
mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas
orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia» (Art.7).
En Uruguay la Ley Nº 16.707 de Seguridad Ciudadana (1995) incluye por primera vez el
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delito de violencia doméstica en el ámbito penal (Art. 321 bis). Más adelante se sanciona la
Ley Nº 17.514 «Ley de prevención, detección temprana, atención y erradicación de la violencia
doméstica» (2002), en la cual se establece que:
Constituye violencia doméstica toda acción u omisión, directa o indirecta, que por
cualquier medio menoscabe, limitando ilegítimamente el libre ejercicio o goce de los
derechos humanos de una persona, causada por otra con la cual tenga o haya tenido una
relación de noviazgo o con la cual tenga o haya tenido una relación afectiva basada en la
cohabitación y originada por parentesco, por matrimonio o por unión de hecho (Art. 2).
Corresponde situar la noción de violencia doméstica como una violación de los derechos
humanos y entenderla como una de las formas de la violencia basada en género. Esto es
denido en el Art. 1 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia en Contra de la
Mujer (ONU, 1993) como: «Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino
que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico
para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la
libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada» (p.2).
La relación entre violencia basada en género, violencia hacia las mujeres y violencia
doméstica se organiza en torno al ejercicio desigual de poder y las consecuencias de este
entre varones y mujeres. Lamas (2000), aporta que por género se entiende: «El conjunto de
ideas, representaciones, prácticas y prescripciones sociales que una cultura desarrolla desde
la diferencia anatómica entre los sexos, para simbolizar y construir socialmente lo que es
“propio” de los hombres (lo masculino) y lo que es “propio” de las mujeres (lo femenino)» (p.2).
De la Primera Encuesta Nacional de Prevalencia sobre Violencia Basada en Género
y Generaciones (2013), surge que 7 de cada 10 mujeres mayores de 15 años manifestaron
haber vivido alguna situación de Violencia de Género en su vida. Mientras tanto, en el primer
semestre del 2015 el Ministerio del Interior recibió 16.199 denuncias por Violencia Domestica,
1 denuncia cada 16 minutos, según datos brindados por el Observatorio Nacional sobre
Violencia y Criminalidad en Uruguay.
3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO
OBJETIVO GENERAL
Analizar la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en la construcción
de Políticas Públicas Sociales que abordan la violencia doméstica; a partir del año 2005 en
adelante, en Uruguay.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Caracterizar las Políticas Públicas que abordan la violencia doméstica, desde el 2005
a la fecha.
2. Caracterizar a las Organizaciones de la Sociedad Civil que abordan el tema de
violencia doméstica en Uruguay.
3. Conocer cómo funciona la RUCVDS, para efectivizar los derechos de las mujeres.
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Políticas públicas y mujeres organizadas: análisis a partir del escenario progresista en Uruguay
4. Identicar las estrategias que las Organizaciones de la Sociedad Civil ponen en juego,
para incidir en el diseño y la implementación de Políticas Públicas Sociales que
abordan la violencia doméstica.
5. Identicar los resultados de la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil
en cuanto a la incidencia en las Políticas Públicas, vinculadas a la violencia doméstica.
4. ESTRATEGIA METODOLOGICA
La investigación consistió en un estudio de tipo cualitativo, en el que se emplearon dos
técnicas para la recolección de la información.
Se realizó revisión bibliográca y documental de aquellos escritos que brindaban
información sobre la formulación de políticas públicas sociales, vinculadas a la VD desde el
2005 en adelante. Posteriormente se realizó revisión bibliográca y documental sobre las
Organizaciones de la Sociedad Civil que se vinculaban a violencia doméstica.
Se realizó relevamiento y sistematización de políticas públicas vinculadas a la violencia
doméstica en nuestro país, desde el 2005 al 2015, se procedió mediante la lectura transversal
al análisis de las mis-mas utilizando criterios denidos a priori. La segunda técnica fue
la entrevista en profundidad a dos infor-mantes calicados/as (A:1; A:2) que trabajan la
temática de violencia doméstica, mediante una pauta-guía previamente establecida con las
dimensiones más relevantes. Posteriormente se realizaron 4 entrevistas a los/as integrantes
de una muestra heterogénea (B:1; B:2; B:3; B:4). La estrategia de conformación de la muestra
fue articular a OSC de 4 décadas diferentes (80, 90, 2000 y 2010), se tuvo en cuenta el tipo de
actividad que realiza la OSC, el tipo de integración y la población destinataria. Se procedió a
utilizar como técnica de análisis, el análisis de contenido. A partir del mismo se construyeron
un total de 12 categorías de análisis y se procesaron los datos desde el software Atlas Ti
versión 7, año 2014.
Los hallazgos de la investigación se sustentan a partir de evidencia empírica recogida en
los diferentes documentos analizados. Se realizó una revisión de un total de 80 documentos,
entre ellos artículos, leyes, políticas públicas, normativas, del 2005 a la fecha. Se analizó la
información teniendo en cuenta: los objetivos, sus modalidades de intervención, la perspectiva
del problema y la participación de las OSC. Asimismo, se analizó documentación referida a
las OSC que integran la RUCVDS, brindadas por sus integrantes y mediante búsquedas en
internet.
5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
5.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS POLÍTICAS PUBLICAS QUE ABORDAN LA
VIOLENCIA DOMÉSTICA EN LA DÉCADA PROGRESISTA
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Siguiendo los planteos que hace la Organización Panamericana de la Salud (OPS) (2009),
existen para la implementación de políticas públicas dos tipos de medidas: 1. Legislativas:
leyes nacionales o disposiciones originadas de entes legislativos. 2. Políticas: planes de
gobierno, resoluciones ministeriales, programas sectoriales, proyectos, y otras disposiciones
de los gobiernos locales. En este sentido existen diferentes niveles estratégicos donde operan
las PPS: Planes, Programas y Proyectos; entendiendo por plan a todas aquellas ideas que van
a orientar el resto de los niveles de planicación, determinando prioridades y criterios. El
programa concreta los objetivos y los temas prioritarios del plan, ordenando los recursos
disponibles en torno a las acciones y objetivos que mejor contribuyan a la obtención de
las estrategias marcadas; y por último el proyecto, este es el nivel operativo del proceso, se
logra mediante una intervención concreta, para hacer realidad las acciones contempladas
en el nivel anterior (UNISEF, 2012). Dicha Organización establece tres ámbitos en donde se
desarrollan políticas sobre violencia: políticas vinculadas a la igualdad de género, políticas
vinculadas a la violencia de género y políticas que tratan especícamente la violencia
doméstica. En este caso nos vamos a enfocar a las que se dedican a violencia doméstica.
Siguiendo el planteo de una integrante de OSC entrevistada, en relación a las PPS: «…
no cambian la vida de las personas. Hemos avanzado en legislación, hemos avanzado en
protocolos de actuación, hemos avanzado en sensibilización y concientización, pero no
hemos avanzado en realmente cambiar la vida de las personas…» (B:2).
5.2 POLÍTICAS PÚBLICAS Y VIOLENCIA DOMÉSTICA
Desde el 2005 a la fecha, Uruguay cuenta con un total de 18 políticas públicas orientadas
a la violencia doméstica, que operan a nivel nacional; 7 corresponden al Ministerio de
Desarrollo Social (INMUJERES); 2 corresponden al Ministerio de Salud Pública; 4 al Ministerio
del Interior y 5 a la Intendencia de Montevideo. A nivel Departamental solo se relevó a la
Intendencia de Montevideo, y no las Intendencias del resto del país.
Según el diagnóstico de situación sobre las respuestas para atender la situación de
violencia con-tra la mujer en el ámbito doméstico: Diagnóstico sobre las respuestas del
Estado ante la violencia contra las mujeres en Uruguay (2011) Llevado a cabo por INMUJERES
y la Facultad de Ciencias Sociales (Ude-laR), a nivel Departamental se destaca la participación
desde la Intendencia de Montevideo (IM), al ser los primeros que han generado programas
orientados a la igualdad de género en el país, estableciendo una relación con el hecho de
que desde el año 1990 gobierna la coalición de izquierda.
En este contexto del 2005 al 2015 desde la IM se trabaja con un total de 5 PPS. La primera
acción fue la instalación del Servicio Telefónico de Ayuda y Orientación a la Mujer en Situación
de Violencia Doméstica (1991); luego en 1996 se crea el programa Comuna Mujer; instalando
los servicios de Atención psico-social y jurídica en 11 zonas de la capital. Se incluyen estas
PPS ya que continúan hasta la actualidad. Por otra parte, la IM ha implementado el 2º Plan
de Oportunidades y Derechos entre Mujeres y Varones (2007) y el 3º Plan de Igualdad de
Género (2014).
Desde INMUJERES se gestionan diferentes líneas de acción enfocadas a la violencia
doméstica, los Servicios públicos de Atención a Mujeres en situación de Violencia basada
en Género (2009) brindan asistencia psico-social y jurídica a mujeres; funcionan en los
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Políticas públicas y mujeres organizadas: análisis a partir del escenario progresista en Uruguay
19 Departamentos. A su vez, ofrece Alternativas Habitacionales para Mujeres en situación
de Violencia Doméstica (2009), mediante un convenio con el Ministerio de Vivienda
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Para la solución habitacional se le otorga una
garantía de alquiler y un subsidio, durante un período de hasta dos años. Por otra parte, crea
la Casa de Breve Estadía (CBE), funcionando desde el año 2012, alojando y protegiendo a
las mujeres con riesgo de vida, así como de acompañarlas a transitar el momento de crisis
que supone poner n a la situación de violencia doméstica. Las tres acciones mencionadas
funcionan mediante la cogestión con OSC. En otro aspecto, desde el año 2010 se crea un
Protocolo de atención para los servicios especializados de atención a mujeres en situación
de violencia doméstica de INMUJERES.
Desde el 2012 funciona el Servicio Público de Atención a Personas que tengan dispuesta
la medida de uso de las tecnologías de presencia y localización en situaciones de Violencia
Doméstica con alto riesgo de Vida (Tobilleras). Este servicio cuenta con dos equipos técnicos
multidisciplinarios, uno trabaja en la atención a mujeres y el otro en la atención a varones,
funciona en la órbita de INMUJERES. En 2015 presenta desde el CNCLCVD un Plan de acción
(2016-2019) por una vida libre de violencia de género, con una mirada generacional.
Desde el Ministerio de Salud Pública (MSP), se desarrollan diferentes estrategias para
el tratamiento de la problemática; en 2005, se crea el Programa Nacional de Salud de la
Mujer y Género, donde se denen estrategias prioritarias para el tratamiento de la violencia
doméstica. En el año 2006 se incorpora el Abordaje a Situaciones de Violencia Doméstica
hacia la mujer-Guía de Procedimientos para el Primer Nivel de Atención en Salud,
conteniendo a su vez un formulario de pesquisa sobre VD incluido en la historia clínica. Por
otra parte, se conformaron Equipos de Referencia, en instituciones públicas y privadas para
la atención de la problemática.
Por su parte, el Ministerio del Interior ha contraído las recomendaciones de la Ley Nº
17.514, en la implementación de las Unidades Especializadas en VD (UEVD), existiendo un
total de 45 unidades en todo el país. A su vez, a partir del Decreto 317/10 del año 2010 se
genera una Guía de procedimiento policial, actuaciones en VD y de género. Del mismo
modo implementan un Protocolo de actuación para la implementación de tecnologías de
vericación de presencia y localización de personas en casos de alto riesgo en VD (2011), y un
Protocolo de gestión de la información en VD (2012).
5.3 MEDIDAS LEGISLATIVAS
De las lecturas realizadas se observa que, en materia de violencia doméstica, Uruguay
cuenta con 5 ac-ciones legislativas.
En el año 2002, se aprueba la Ley Nº 17.514 para la prevención, detección temprana,
atención y erradicación de la VD. En el marco de la Ley se crea el Consejo Nacional Consultivo
de Lucha Contra la Violencia Doméstica (CNCLCVD), que desarrolla el primer Plan de Lucha
contra la Violencia Doméstica (2004-2010). En 2004 la Ley Nº 17.707 crea los Juzgados de
Familia Especializados en VD.
En el 2007, la Ley Nº 18.104 (Igualdad de Oportunidades y Derechos), encomienda a
INMUJERES la creación del Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos entre Hombres
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Revista ProPulsión. Interdisciplina en Ciencias Sociales y Humanidades
y Mujeres (2007-2010). En 2008, se aprueba la Ley Nº 18.315 de Procedimiento Policial en VD,
y en 2011 la Ley Nº 18.850, que esta-blece una pensión no contributiva para hijos de personas
fallecidas por VD.
La Ley Nº 17.514 dispone en el capítulo IV medidas de protección: «disponer la asistencia
obligatoria del agresor a programas de rehabilitación» (Art.10 Inciso 7). En su artículo VII
prevención de la violencia doméstica y promoción de la atención integral a la víctima, se
expresa que: «la rehabilitación y la reinserción social del agresor, deberán formar parte
de una política que procure proteger a todas las personas relacionadas. La asistencia y
el tratamiento deberán ser instrumentos de esta política» (Art. 23). En este sentido, se
comenzaron a implementar PPS referidas a varones agresores; se destacan tres servicios
destinados a esta población: desde la IM (Servicio de atención a varones que deciden de
ejercer violencia” en cogestión con la ONG: Centro de Estudios sobre Masculinidades y
Genero); desde el Ministerio del Interior (Protocolo de actuación para la implementación de
tecnologías de vericación de presencia y localización de personas en casos de alto riesgo de
violencia doméstica) y de INMUJERES (Servicio público de atención a personas que tengan
dispuesta la medida de uso de la tecnología de presencia y localización, en situaciones de
violencia con alto riesgo de vida).
En síntesis, podríamos re organizar las políticas públicas que abordan la violencia
doméstica en función de: 1) políticas de atención directa y abordaje en situaciones de
violencia; 2) políticas destinadas fundamentalmente a la incorporación de soluciones
habitacionales; 3) protocolos de seguimiento e instalación de dispositivos de intervención; 4)
sector salud y su incorporación de equipos técnicos de referencia.
En los documentos analizados de PPS en Uruguay, encontramos que se contemplan los
tres ámbitos propuestos por la OPS.
¿Cuál es la perspectiva de las participantes de la investigación en relación a estas políticas
públicas?
Según la RUCVDS (2015), entre sus propuestas en materia de PPS, se deben de diseñar y
ejecu-tar políticas públicas dirigidas a producir cambios culturales para la democratización
de las relaciones entre género y generaciones.
Una de las entrevistadas expresa en relación a las PPS existentes: «…no cambian la
vida de las perso-nas. Hemos avanzado en legislación, hemos avanzado en protocolos de
actuación, hemos avanzado en sensibilización y concientización, pero no hemos avanzado
en realmente cambiar la vida de las perso-nas…» (B:2). En referencia a las medidas legislativas,
la RUCVDS (2015) opina que «Este conjunto de normas no congura una legislación integral
(…) el derecho nacional mantiene estereotipos de género que discriminan a las mujeres»
(p.13). En una de las entrevistas se expresa:
El que más ha avanzado en todos estos años ha sido el Ministerio del Interior aunque
parezca mentira, en dar respuestas con distintas herramientas, estrategias, ha asumido el
compromiso (…) el compromiso de los Ministerios mejoraría si todos cumplieran con las
herramientas que tenemos hoy, mejoraría sustantivamente, pero no es la respuesta ideal de
una mirada integral de la problemática... (B:1).
Las mujeres entrevistadas marcan una diferencia en el modo de funcionamiento de las
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Políticas públicas y mujeres organizadas: análisis a partir del escenario progresista en Uruguay
PPS del 2005 a la fecha. En relación a las OSC que trabaja con varones señalan “tímidos”
avances en la materia, marcando la importancia de generar políticas que trabajen la
sensibilización en aquellos tomadores de decisiones, fundamentalmente.
Tabla 1: Políticas públicas y medidas Legislativas en Uruguay desde el 2005-2015.
Planes • Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Domestica.
• 2º Plan de Oportunidades y Derechos entre Mujeres y Varones.
• Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos entre Hombres y Mujeres.
• 3º Plan de Igualdad de Género.
• Plan de acción (2016-2019) por una vida libre de violencia de género, con una
mirada generacional.
Programas • Programa Nacional de la Mujer y Género.
• Programa por una ciudad libre y segura, libre de Violencia de Género.
• Programa de Atención a varones que deciden dejar de ejercer violencia.
Proyectos • Servicios públicos de atención a la mujer en situación de VD de INMUJERES
y IM.
• Alternativas habitacionales para mujeres en proceso de salida de situaciones
de VD.
• Servicio Público de Atención a Personas que tengan dispuesta la medida de
uso de las tecnologías de presencia y localización en situaciones de Violencia
Doméstica con alto riesgo de Vida (Tobilleras).
• Proyecto CBE.
• Atención a varones que deciden dejar de ejercer violencia.
• Unidades Especializadas en VD (UEVD).
• Guía de procedimiento policial, actuaciones en VD y de género.
• Protocolo de actuación para la implementación de tecnologías de vericación
de presencia y localización de personas en casos de alto riesgo en VD.
• Protocolo de gestión de la información en VD.
Medidas Legislativas • 2004 - Ley Nº 17.707
• 2007 - Ley Nº 18.104
• 2008 - Ley Nº 18.315
• 2011 - Ley Nº 18.850
Fuente: elaboración propia
5.4 NUEVAS CONFIGURACIONES EN JUEGO: LA DÉCADA PROGRESISTA
Con la llegada de la izquierda al gobierno en Uruguay a partir del 2005 se instaura un
escenario político, en donde lo manifestado por muchas OSC durante muchas décadas,
estaba a punto de poder concretarse con la asunción de “nuestro gobierno”, expresado por
una integrante de la sociedad civil.
Giorgi, Rodríguez & Rudolf, (2011), sostienen que: «Los gobiernos progresistas han
propuesto un nuevo contrato social basado en la corresponsabilidad, para lo cual estimularon
la participación social en la búsqueda e implementación de respuestas a las graves
problemáticas de exclusión e inequidad características de las sociedades pos neoliberales»
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Revista ProPulsión. Interdisciplina en Ciencias Sociales y Humanidades
(p. 418).
Garretón (2012), plantea que el Progresismo:
Se trata, en esencia, de una corriente no homogénea que buscaba plantear alternativas al
discurso del “pensamiento único”, como se caracterizó la hegemonía cultural neoliberal y el
acallamiento de toda crítica. Al nalizar la década del noventa, debilitados el pensamiento
y las políticas más ortodoxas de la izquierda clásica tras la caída de los socialismos reales, y
ante el fracaso de los ajustes y políticas neoliberales, resurgió en el debate social y político
occidental la pregunta sobre las posibilidades de compatibilizar la profundización de las
democracias con el desarrollo del mercado capitalista (p.41).
Aquí la matriz “Estado-OSC” (Olesker, 2013) se funde de nuevas tensiones y limitaciones. La
asunción del Progresismo propone la intención de recuperar el rol del Estado como principal
rector de PPS. Según Olesker (2013), no existían niveles de coordinación y la protección
social, era simplemente una sumatoria de prestaciones, colapsadas desde el punto de vista
presupuestal. Comenzar a reconstruir los espacios fue el desafío de la coalición de izquierda,
«Conformando una “Matriz de protección social en Uruguay”, un sistema que avanza con
sistemas universales que dan derecho a todas las personas, con acciones focalizadas y
armativas que se basan en un conjunto acotado, no solapado y articulado de programas y
con propuestas de trayectorias entre programas y sistemas» (Olesker, 2013, p.11).
En este sentido, se crea en 2005 el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), responsable de
las políticas asistenciales nacionales. Instalando dentro de su órbita al Instituto Nacional de
las Mujeres (INMUJERES), cuyos cometidos principales son: ejercer, como ente rector de las
políticas de género, en la promoción, diseño, coordinación, articulación, ejecución, así como
el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas; garantizar el respeto de los derechos
humanos de las mujeres, integrando la igualdad de oportunidades y derechos a los derechos
políticos, económicos sociales y culturales; y velar por el cumplimiento de los compromisos
internacionales que el país ha suscrito en materia de género y realizar y ejecutar, dentro
de sus posibilidades nancieras, los convenios internacionales de cooperación vinculados
a dicho cumplimiento. Posee entre sus líneas estratégicas: la lucha contra la violencia de
género y generaciones. Entre sus áreas de trabajo destacamos el de Políticas Públicas contra
la Violencia Basada en Género, contribuyendo al diseño, implementación y monitoreo de la
política pública de enfrentamiento a la violencia hacia las mujeres, desde una perspectiva
de derechos humanos y género, en consonancia con los compromisos regionales e
internacionales.
Las prioridades en relación a temas vinculados al género, a partir de la asunción de un
gobierno Progresista, posibilitó una diversidad de visiones, en cuanto a las perspectivas
propuestas desde los diferentes espacios desde donde se gesta esta fuerza política de
izquierda. En el siguiente argumento expresado por un integrante de OSC, expresa: «El
ingreso de un gobierno de izquierda marcó un escenario de expectativa, se abrieron algunos
espacios de diálogo Estado-Sociedad Civil, y se estableció un clima de apertura a la espera
de la concreción de las políticas anunciadas. Esto se cumplió en la relación con Inmujeres
en el primer periodo, bastante menos en el segundo, y por ahora con el tercer período ya
iniciado, el panorama parece poco promisorio» (A:1).
La conformación socio histórica de la fuerza de izquierda, se dio fundamentalmente
por el ciclo de luchas sociales que ha encabezado, generando sucesivos posicionamientos
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Políticas públicas y mujeres organizadas: análisis a partir del escenario progresista en Uruguay
éticos e ideológicos, generando desde sus adherentes un “escenario de expectativa”. En este
sentido, tal como expresa Falero, (2006), el “n” de luchas sociales no signica la inexistencia
de conictos, sino la incapacidad para conformar un nuevo arco de expresiones sociales,
en donde la participación ciudadana es una de las herramientas directas para establecer
puentes entre diferentes actores.
Los primeros años de gobierno según Castro, et al., (2015), han sido de “desmovilización”
y “pasivización”; en este sentido retomando alusiones generadas por integrantes de las OSC,
encontramos similitudes.
Otro de los ejes que surgieron a partir de los aportes brindados por representantes de
las OSC, es la denominada cooptación por parte de los servicios del Estado de los técnicos
especializados en la temática. Un representante de una OSC se refería a lo mencionado de
la siguiente manera: «...se llevaron a casi todos. Personas con las que trabajábamos codo a
codo pasaron al otro lado del mostrador, y te daba hasta rabia hablar con ellos, si teníamos
la conanza para preguntarles. Bueno ¿qué pasó con aquello que pensábamos juntos?» (A:2)
En este sentido, podemos decir que se han reforzado las estructuras Estatales debido a la
migración de técnicos especializados, desde las OSC hacia el Estado; conformando de esta
manera una nueva conguración de la OSC-Estado, generando “malestares” por un lado, y
capacidad idónea por el otro.
5.5 ENTRE DEBILIDADES Y FORTALEZAS, LA COYUNTURA ACTUAL ENTRE
LAS OSC Y EL ESTADO PROGRESISTA EN POLÍTICAS PÚBLICAS DE
VIOLENCIA DOMÉSTICA.
Tomando los planteos de Oliver, (2015) quien parte de la teoría de Marx y Engels
(1846) sobre la noción de Estado, y la dene como «sociedad política y sistema político o
conjunto de relaciones político-institucionales (…) y conjunto orgánico de poder que articula
y entrelaza la sociedad política y la sociedad civil» (p.73). Las tensiones y conictos entre
sociedad y Estado se entienden mejor cuando asumimos como referencia analítica los
siguientes dos elementos: la relación de fuerzas histórico-políticas, y el equilibrio político,
cultural e institucional (Oliver, 2015). La proliferación de ONG´s que surgieron en la región, a
consecuencia del papel atribuido por el Estado en la implementación de políticas públicas
neoliberales, generó una reconguración en el rol de las OSC. (Dagnino, Olivera, & Panchi,
2006). Uno de los nudos críticos que emergen en este contexto de reconguración se
relaciona con la relación con el Estado, en tanto para incidir en la realización de políticas
públicas se enfrentan a la constante necesidad de establecer convenios con el propio Estado.
Los aportes realizados por integrantes de OSC, destacan lo siguiente: «La sociedad civil tiene
sus debilidades, esto de “conveniar” con el Estado es una debilidad. Si mirás en otros países
lo hacen sí, pero le dan otra fuerza a la sociedad civil...» (B:2)
Una de las variables involucradas en la relación entre Estado y OSC, es el lazo económico,
mediante el cual se establecen convenios y garantiza en cierta medida una continuidad en
los servicios brindados. El nudo crítico de esta relación se encuentra en el tipo y ecacia del
servicio que se desea brindar: “…gestionamos más de 15 años el servicio, pero nos retiramos
justamente porque no estábamos de acuerdo con la pauperización que se estaba haciendo
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Revista ProPulsión. Interdisciplina en Ciencias Sociales y Humanidades
de la política, que en un principio era muy promisoria, porque justamente la instalación de
un servicio de esas características requiere de un trabajo de sensibilización, concientización
de toda la problemática en el territorio donde se gestiona” (B:2).
Se podría decir entonces, que cuando las OSC comienzan gestionar servicios del Estado
se observan en ellas las mismas prácticas instituidas. Coincidentemente con Rivero, (2007),
destaca que: «a las asociaciones no solo se les transere el dinero para la implementación de
estas políticas, sino que también se les trasere el mandato social, que incluye a esa política
social, y que anteriormente asumía el Estado» (p.4). Por lo tanto, esto conlleva a que «el actor
político en realidad pasa a ser un instrumentador y no un decisor» (p.4).
5.6 LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE ABORDAN LA
VIOLENCIA DOMÉSTICA, EN URUGUAY.
Las relaciones existentes entre el Estado y las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC),
forman parte de un entramado de relaciones, cobrando gran visibilidad en los últimos 30
años. Los procesos sociales en los que intervienen las OSC funcionan según Acuña, (2007),
como catalizadores del proceso de democratización: la sociedad civil debilita a los gobiernos
autoritarios, y es en ese sentido donde se promueve el proceso democrático. Para ello, es
fundamental focalizarnos en las OSC que han participado en la mayoría de los logros hoy
consagrados en materia de derechos hacia las mujeres.
La Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual (RUCVDS)
En el año 1992 se crea la RUCVDS, opera nucleando y articulando a varias OSC que
desarrollan acciones fundamentalmente de incidencia política. Además, trabajan en otras
áreas de incidencia: atención, promoción, capacitación, investigación y sensibilización,
con el n de la erradicación de la violencia doméstica y sexual hacia mujeres, niños niñas
y adolescentes (NNA), desde el enfoque de derechos humanos y género. «El trabajo de
incidencia es de todas las OSC, el fundamento de la Red entre sus objetivos es la incidencia
en todo lo que es la política. Todo lo que hoy es política pública ha sido un trabajo de varias
décadas de la Red, de las organizaciones de la Red. Ese es el motor, trabajar la incidencia»
(A:2).
En su accionar se proponen:
contribuir a un mejor conocimiento y comprensión por parte de la sociedad y sus
operadores del fenómeno de la Violencia Doméstica y Sexual y sus consecuencias en
la sociedad; presionar al Estado para que respete las convenciones y compromisos
internacionales raticados, y que formule una política pública integral contra la Violencia
Doméstica y Sexual que implique prevención, diagnóstico y atención; incidir en las políticas
públicas sobre el tratamiento del tema para que se aborde desde una perspectiva de género
(RUCVDS, 2005, p. 7).
Actualmente integran la Red, 38 OSC, de las cuales 22 son de Montevideo y 16 del interior
del país. Del total (38), 6 se dedican a la atención de NNA y 1 se dedica al trabajo con varones
que deciden dejar de ejercer violencia. La mayoría trabaja con mujeres jóvenes y adultas.
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Políticas públicas y mujeres organizadas: análisis a partir del escenario progresista en Uruguay
La génesis de las OSC vinculadas a los derechos de las mujeres, que integran la RUCVDS,
se encuentran caracterizadas fundamentalmente por: A) Su creación a partir del regreso
del exilio de muchas mujeres, lo que hizo que de manera organizada comenzaran a
luchar por derechos, instalando servicios de atención directa a mujeres en situación de
violencia doméstica, recogiendo experiencia de otros países. B) La formación de grupos con
diferentes especicidades, ya sean para mujeres adultas, NNA y varones. C) La convicción
de trabajar desde la perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, promoviendo
transformaciones socioculturales, a nivel de los sistemas de creencias de la sociedad que
legitiman y perpetúan la violencia. «…las que integramos la Red pensamos que el objetivo
común es trabajar con perspectiva de género y de derechos humanos como norte para
cambiar la realidad.» (A:1), expresó una entrevistada.
El exilio político fue una de las consecuencias represivas que desató el poder de facto. El
activismo por los derechos humanos encendía la llama del regreso, hasta que a partir de 1985
el mismo fue inminente. La experiencia acumulada en el exilio mediante la integración de
organizaciones trabajando y militando en derechos humanos, creó la necesidad de aportar
estrategias a las diferentes prácticas. En los relatos, surgieron expresiones como:
«...es un proyecto de vida desde que llegué a Uruguay hace 28 años.» (B:1).
«En los 80 volvieron al país mujeres con experiencia en el trabajo en violencia doméstica,
y se constituyeron como organizaciones para atender a mujeres con ese problema…» (A:1).
«la génesis del grupo fue una vocación activista de transformar la realidad, y en esta línea
los derechos humanos de las mujeres…» (A:2).
«Había trabajado 25 años en una organización en España de militantes activistas (…) yo
quería una organización que no fuera de atención a víctimas, que fuera una organización
que tuviera a muchas mujeres, no solo a 6 que son psicólogos o asistentes sociales…» (B:3).
La dimensión de lucha se ve reejada según la concepción que se tenga del problema, una
de las integrantes del movimiento lo maniesta de la siguiente manera: «…nos manifestamos
en silencio por la voz que se les ha quitado a las mujeres en toda la historia. En realidad, es un
movimiento contra la guerra (…) contra la guerra que existía en los hogares, contra la violencia
doméstica…» (B:3).
Observamos que la OSC más antigua fue creada en el año 1921 (Asociación Cristiana
Feminista), posteriormente aparecen OSC en las décadas del 60, 70, 80, 90, 2000 y 2010;
variando su cantidad en cada década.
En términos generales se observa un grado de avance en la creación de OSC a lo largo del
tiempo. Un 18 % (7 del total) de OSC fueron creados en la década de los 80, y un 71% fueron
instaladas luego del año 1985. Con el retorno a la democracia, se evidencia la necesidad de
generar espacios donde se vuelva a instalar el trabajo colectivo, el cual había sido destruido
por el orden de facto durante el periodo dictatorial (1973-1985). En tanto, un 22% se crean en la
década del 90. El dato más apreciable se observa en la evolución de organizaciones sociales
en la década del 2000 (24%); mientras que el 64% fueron creadas a partir del año 2005,
año en que asume por primera vez un gobierno Progresista en Uruguay. En este sentido,
las OSC emergen con mayor fuerza en un contexto socio político determinado, con una
coyuntura que habilitó la posibilidad de la generación de nuevos espacios para la cogestión
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de servicios, con la necesidad de enfrentar la problemática de la VD.
En síntesis, la RUCVDS (2005), en su accionar se propone fundamentalmente trabajar en
estrategias de incidencia política para la formulación de una política pública integral; que
genere transformaciones socio culturales en los sistemas de creencias de la sociedad.
1. 5.7 ESTRATEGIAS DE LAS OSC PARA INCIDIR EN POLÍTICAS PÚBLICAS
QUE ABORDAN VIOLENCIA DOMÉSTICA.
Una de las entrevistadas expresó: «El trabajo de incidencia es de todas las OSC, el
fundamento de la Red entre sus objetivos es la incidencia en todo lo que es la política.
Todo lo que hoy es política pública ha sido un trabajo de varias décadas de la Red, de las
organizaciones de la Red. Ese es el motor, trabajar la incidencia» (A:2).
Según González, (1999), las diversas formas de incidencia requieren determinadas
estrategias y/o mecanismos, a través de los cuales se lleva al proceso de incidir. Estas pueden
ser: 1) producción de conocimiento, 2) campañas de sensibilización, ya sean en medios
de comunicación o mediante movilización social, 3) creación de mesas consultivas, redes,
consejos, 4) acciones de lobby, entendida como una acción directa sobre los que toman
decisiones, 5) gestión y participación directa en la implantación de la política pública, 6)
acciones de control y monitoreo de las políticas públicas.
A partir de lo que se desprende de las entrevistas realizadas podemos distinguir diferentes
espacios en los que participan las OSC y potencialmente pueden incidir:
1) Espacios de diálogo generados por el gobierno; distinguiendo la creación del Consejo
Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica (CNCLCVD), creado a partir de
la Ley Nº 17.514 en el año 2002 e integrado por diversos organismos Estatales junto con OSC.
Su nalidad es asesorar al Poder Ejecutivo, así como coordinar, integrar y dar seguimiento a
las diferentes políticas en la materia.
2) Las Comisiones Departamentales de Lucha contra la Violencia Doméstica, son creadas
por el CNCLCVD, integradas por las mismas instituciones que integran el Consejo; tienen
como cometido principal asesorar a la Intendencia, y de desarrollar a nivel local el Plan
Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica.
3) Por último, el Consejo Nacional de Género, creado a partir de la Ley Nº 18.104 en el año
2007, que tiene como objetivo la denición de líneas estratégicas en políticas públicas de
género. Destacando que, forma parte del único espacio de diálogo en donde participa la
Universidad de la República, junto con instituciones Estatales y OSC.
La formalización de los espacios para el intercambio con las OSC paulatinamente se fue
incrementando: «Tenemos ahora más herramientas que antes, ahora tomamos el espacio…»
(B:1), expresan algunas participantes. En términos utilizados por integrantes de las OSC
resaltan: “apertura”, “interés”, “nuevas herramientas”, “transformación”. Sin embargo, según
otras entrevistadas, la instalación de los espacios de diálogo por parte del gobierno, fue
un elemento paralizante para las OSC, según lo señalado por las entrevistadas; ya que la
institucionalidad de los espacios paradojalmente se percibe como falta de “compromiso”
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Políticas públicas y mujeres organizadas: análisis a partir del escenario progresista en Uruguay
desde los organismos estatales que participan, generando dicultades para que lo dialogado
se efectivice en materia de derechos.
Por otra parte, las OSC buscan la incidencia mediante: 1. Acciones de lobby. Se ejemplica
en frases como: «golpeábamos despacho por despacho», «la idea es no callar, estar
presentes, marcás posición», «si perdés presencia, perdés de opinar y perdés de incidir». 2.
Implementación de diferentes actividades: jornadas, seminarios, capacitaciones 3. Activismo
social y movilizaciones. El 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer), 3 de junio (Desde el
2015, se utiliza esta fecha para manifestarse en contra de la violencia de género, #Ni una
menos) y 25 de noviembre (Día internacional contra la violencia de género). A su vez, los
primeros jueves de cada mes el colectivo Mujeres de Negro, realiza la llamada “parada” en la
explanada de la IM; «…no gritamos, no nos rasgamos las vestiduras, nos ponemos todas en la
porque somos una muralla contra la violencia…» (B:3). Entre el 2007 al 2016 han realizado 109
manifestaciones. 4. Monitoreo y evaluación de las políticas implementadas 5. Sensibilización:
desde la RUCVDS se han generado campañas con un intenso trabajo en los medios de
comunicación planteándose como objetivo enmarcar la violencia doméstica como un tema
de derechos humanos.
5.8 Resultados de la participación de las OSC en cuanto a la incidencia en las políticas
públicas, vinculadas a la violencia doméstica.
Luego de casi una década de lucha, esfuerzo e insistencia por parte de las OSC, en el año
2002 se aprueba la primer Ley de Violencia Doméstica (Ley Nº 17.514), signicando un avance
para el tratamiento de la problemática, y un recurso en materia legal. A la vez, referentes de
las OSC en relación a la Ley comentan lo siguiente:
«Fue un avance, pero no lo suciente para cambiar la realidad (…) con las herramientas
que tenemos hoy si realmente los operadores jurídicos cumplieran con los protocolos que
están establecidos la situación mejoraría inmediatamente» (B:2).
«…no me voy a olvidar más en mi vida, ese día la Ley iba de diputados a senadores de
nuevo, y un hombre mató a la mujer y a los seis hijos a martillazos; la aprobaron a tapa
cerrada. Después en los pasillos del Palacio era la “Ley del martillo”, había que lidiar con eso.»
(B:1).
Otro de los ejes fundamentales para observar la incidencia de las OSC es en la atención
directa mediante la prestación de servicios. Estos funcionan de manera descentralizada,
aproximando las acciones concretas de la política a quienes nalmente harán uso de ella,
«…les llevamos sus derechos a sus barrios.» (B:1), (en alusión al programa Comuna Mujer que
instaló la Secretaria de la Mujer de la IM). Por otra parte, en el año 2011 se aprueba la Ley Nº
18.850, que en su Artículo 1º establece una pensión no contributiva y una asignación familiar
especial a los hijos de personas fallecidas como consecuencia de violencia doméstica «…
empezamos con un cartel que decía: ¿Qué pasa con los huérfanos?, entonces hacíamos una
manifestación los jueves por las mujeres y el otro por los huérfanos (…) luego hicimos una
performance con zapatos de niños que decía: ¿Quién guiara sus pasos?, y comenzamos a
hacer el proyecto de ley (…) y así fuimos pasando por todos los directorios durante un año»
(B:3).
La generación de una nueva acción legislativa, que amparara a los NNA, fue producto de la
insistencia de las OSC. Una de las integrantes del colectivo que impulsó la iniciativa comenta
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lo siguiente: «…la ley no va a suplir la muerte de la madre, se sabe, y que el trauma que
vivieron también (…) mucha gente no sabe que existe la ley, cada vez que hay un asesinato
nosotras buscamos a la gente…» (B:3).
En este sentido, mediante el análisis de documentación brindada desde la RUCVDS,
observamos elementos destacables para problematizar acerca de los marcos legales
existentes. «Este conjunto de normas no conguran una legislación integral que permita
dar cumplimiento a la debida diligencia en materia de violencia hacia las mujeres, por estar
redactadas en un lenguaje género neutro y en leyes dispersas (…). A pesar de la existencia de
estas normas el derecho nacional mantiene estereotipos de género que discriminan a las
mujeres» (RUCVDS, 2015, p.13).
Desde la RUCVDS, se hace explícita la necesidad de implementar la Ley Integral para
garantizar a las mujeres una vida libre de violencia basada en género (Anteproyecto de Ley
presentado en abril del 2016, conteniendo 103 artículos), en este sentido desde las entrevistas
realizadas y la documentación analizada comprendemos la emergencia que requiere el
tratamiento de la problemática.
El desafío de contemplar las múltiples discriminaciones, entendiendo que la evolución de
las relaciones de género, requieren de un marco legal que rompa con el modelo patriarcal
respetando los estándares internacionales en relación al derecho de una vida libre de violencia
(RUCVDS, 2015). Avanzando en lo que reere a los resultados de incidencia generados por
las OSC, entendemos pertinente exponer algunos de los relatos, en donde sienten un grado
de “descontento” para con el gobierno con asuntos relacionados a la defensa de las mujeres,
aunque de todos modos, reconocen avances: «…entre los grupos de mujeres ya está instalado
el descontento y una evaluación negativa de la mínima respuesta a los asuntos prioritarios
para las mujeres en los sucesivos gobiernos, los del FA y los de los partidos tradicionales (…)
pienso que de la disconformidad general las mujeres vamos a diseñar nuevas formas de
exigir. Ya no nos conforman ni nos adormecen los discursos» (A:1).
6. CONCLUSIONES
A partir de la información recogida y el intento de desplegar el análisis de las relaciones
existentes entre el Estado y las OSC en torno al eje/problema de la violencia doméstica;
resulta importante señalar que, las PPS pueden construir poderosos instrumentos para
impulsar los cambios sustantivos necesarios para el avance hacia la igualdad de género,
condición imprescindible para la efectiva erradicación de la violencia doméstica, tal como lo
han señalado todas las personas entrevistadas. La incidencia en los procesos participativos
es una de las herramientas fundamentales que tiene todo colectivo social para construir
las PPS. A través del impulso de los canales de participación ciudadana y la habilitación de
múltiples mecanismos, tales como: Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia
Doméstica, y las Comisiones Departamentales de Lucha contra la Violencia Doméstica; se
instauran nuevas modalidades para re pensar los campos de acción e inter-acción de los
diferentes actores (sociales, institucionales, estatales), siendo esta condición un elemento
fundamental para el campo de problemas desde donde se trabaja en pro de la garantía de
los derechos humanos.
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Políticas públicas y mujeres organizadas: análisis a partir del escenario progresista en Uruguay
La existencia de tensiones y conictos entre el Estado y las OSC, tiene una larga historia y
deviene de múltiples factores, asociados por un lado a la génesis de las OSC, incluso desde
la restauración democrática, y por otro a los escenarios políticos desde donde se relacionan.
El Progresismo, como expresión política en Uruguay, ha desarrollado diversas directrices
fundadas en la constante reconstrucción del tejido social, mediante un consistente proceso
democratizador en el cual la participación ciudadana se ha vehiculizado, fundamentalmente
en el problema de la violencia doméstica, a través de las organizaciones sociales con
experiencia acumulada en el tema.
La estrategia participativa, habilitadora de espacios institucionales de comunicación y
de consulta entre el Estado y las OSC, se destaca como un aspecto central del proyecto
político que se ha venido desarrollando en la década Progresista. Por esta vía se incrementó
considerablemente el número de políticas públicas para enfrentar la problemática de la
violencia doméstica, creando instituciones, medidas legislativas, nuevos servicios para
atender la situación de violencia doméstica.
El análisis del universo de datos recogidos permitió demostrar que estos avances poseen
una relación directa con la incidencia política de las OSC. Se pudo observar que las OSC han
desarrollado acciones tendientes a lograr incidencia al menos en dos sentidos: participando
en los nuevos escenarios políticos habilitados para la discusión (por ej. en la elaboración
del Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos entre Hombres y Mujeres (2007-2010)).
Al mismo tiempo han venido realizando acciones estratégicas de monitoreo, denuncia y
presión desde los cánones más tradicionales adscriptos a su rol y sentido social.
En ambas vías ha habido acciones exitosas y otras en las cuales los resultados de
incidencia aún están pendientes. Estas condiciones podrían deberse por una parte a la
naturaleza misma del problema en el que se busca incidir, aunque también nos lleva a
problematizar sobre otros dos elementos centrales a esta investigación: la profundización de
los mecanismos democráticos propuestos desde el Estado y, por otra parte, el rol que las OSC
han desarrollado en la implementación de las PPS. Ambos elementos han sido fuertemente
señalados como núcleos de problemas a resolver fundamentalmente desde las OSC.
El desarrollo de políticas de Estado que garanticen una vida libre de violencia, supone que a
nivel gubernamental se destinen recursos sucientes para el tratamiento de la problemática.
Esta condición aparece como necesaria, pero no suciente para la efectiva solución del
problema en violencia doméstica. Esto supone poner énfasis en determinadas estrategias que
faciliten una adecuada deconstrucción de los hábitos culturales que perpetúan relaciones
violentas. En este sentido, consolidar mecanismos culturales potencialmente ecaces para el
avance hacia la igualdad continúa siendo un reto para el Estado y la sociedad toda.
La existencia de problemáticas sociales de base cultural, como lo es la violencia doméstica
en consecuencia de las prácticas naturalizadas discriminatorias hacia la mujer, requiere de
políticas ligadas a cambios en las relaciones de género. Impulsar políticas que incidan en
las representaciones sociales, culturales y simbólicas que perpetúan la violencia contra las
mujeres, deben de ser prioritarias en la agenda de gobierno.
Finalmente se puede señalar que tomar en consideración el acumulado de conocimiento
desde la academia, y articular junto a diversos actores políticos y sociales las estrategias de
incidencia, emerge como otro desafío pendiente para acompañar los procesos junto con las
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OSC y el Estado; para la transformación social tendiente a garantizar los derechos humanos
y en particular una vida libre de violencia hacia las mujeres.
REFERENCIAS
Acuña, C. & Vacchieri, A. (Coord.) (2007). La incidencia política de la sociedad civil. Siglo
Veintiuno.
Castro, D. Elizalde, L. Menéndez & M. Sosa, M. (2015). La renovada capacidad para impugnar,
luchas sociales y hegemonía progresista. En: Contrapunto. Movimientos sociales. Nuevos
escenarios, viejos dilemas. Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio. pp.
73-81.
CIVICUS, (2010). Del saber hacer al saber actuar. La sociedad civil y su incidencia en las políticas
públicas de Uruguay. http://www.lasociedadcivil.org/wp-content/uploads/2015/06/
Informe-nal-ISC-Uruguay-20101.pdf (Recuperado en marzo del 2016).
Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), (1994). Convención para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Belem do Para. http://www.inmujeres.gub.uy/
innovaportal/le/21718/1/1_articulado_belem_do_para.pdf (Recuperado en septiembre
del 2014)
Dagnino, E. Olivera, A. & Panchi, A. (2006). La Disputa por la Construcción Democrática en
América Latina. CIESAS.
De Lellis, M. (2006). La Psicología Comunitaria en el ciclo de las políticas públicas. En: M. De
Lellis y cols. Psicología y políticas públicas de salud. Paidós, pp.125-186.
Escobar, A. (2004). Participación ciudadana y Políticas Públicas. Una problematización acerca
de la relación Estado y Sociedad Civil en América Latina en la última década. Revista
Austral de Ciencias Sociales. 8, pp.97-108. http://mingaonline.uach.cl/pdf/racs/n8/art07.
pdf (Recuperado en marzo del 2015).
Falero, A. (2006). Ciclos de luchas sociales, transformaciones sociopolíticas y escenarios
posibles en Uruguay. En: E. Mazzei (comp.), El Uruguay desde la Sociología IV, Dpto. de
Sociología, pp. 47-66.
Ferullo, A. (2006). El Triángulo de las tres P. Paidós
García, E. (2003). Origen y expansión de las ONG de infancia en Uruguay. Pereira, J.
Nathan, M. (Coord.). Intercambios. Acción Pública No Gubernamental y Convención
sobre los Derechos del Niño en Uruguay., de: http://www.unicef.org/uruguay/spanish/
intercambios_1.pdf (Recuperado en febrero del 2016).
Garretón, M. (2012). Neoliberalismo Corregido y Progresismo limitado. Editorial Arcis.
Giorgi, V. (2006). Construcción de la subjetividad en la exclusión. En: Encare (Comp.). Drogas
y exclusión social. Ed. Atlántica., pp.46-56.
Giorgi, V. Rodríguez, A. & Rudolf, S. (2011). La Psicología Comunitaria en Uruguay. Herencias
y rupturas en relación con su historia. En: M. Montero e I. Serrano-García (Comps.)
Historias de la Psicología Comunitaria en América Latina: Participación y transformación.
Paidós., pp.397-421.
Gonzalez, I. & Garay, C. (1999). Incidencia en políticas públicas y construcción de ciudadanía.
En II Encuentro de la Red Latinoamericana y del Caribe de la Sociedad Internacional de
46
VOLUMEN V/ NÚMERO 1/ AÑO 3/ ISSN 977245257580/ PÁGINAS 27-47/ RECIBIDO: 18-06-2022/ APROBADO: 28-05-2022/ www.revpropulsion.cl
Políticas públicas y mujeres organizadas: análisis a partir del escenario progresista en Uruguay
Investigación del Tercer Sector (ISTR), Santiago de Chile. http://www.lasociedadcivil.org/
wpcontent/uploads/2014/11/bombal__garay.pdf (Recuperado en marzo del 2015).
INMUJERES - Departamento de Trabajo Social. FSC-UDELAR (2011) “Diagnóstico sobre las
respuestas del Estado ante la violencia contra las mujeres en Uruguay”. http://www.
adasu.org/prod/1/133/Diag.Respuesta.del.Estado.a.la.violencia..pdf (Recuperado en
agosto del 2015).
INMUJERES, (2013). Primera Encuesta Nacional de Prevalencia Sobre Violencia Basada
en Género y Generaciones.: http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/le/33876/1/
resumen_de_encuesta_mides.pdf (Recuperada en agosto del 2015).
Lamas. M. (2000). Diferencias de sexo, género y diferencia sexual. Cuicuilco, 7(18), pp. 2-24.
http://www.redalyc.org/pdf/351/35101807.pdf (Recuperado en marzo de 2015).
Ley Nº 17.514 – Prevención, Detección Temprana, Atención y Erradicación de la
Violencia Doméstica (2002). https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_
Nro=17514&Searchtext
Ley Nº 17.707 – Modicación de competencia de los Juzgados de Familia en Violencia
Doméstica (2003). https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro
Ley Nº 18.104 - igualdad de Derechos y Oportunidades entre hombres y mujeres en la
República (2007). https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro
Ley Nº 18.315 – Procedimiento Policial (2008). https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/
leyes?Ly_Nro
Ley Nº 18.850 - Hijos de personas fallecidas como consecuencia de hechos de violencia
doméstica (2011). https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes?Ly_Nro
Midaglia, C. Castillo, M. Milanesi, A. Monestier, F. & Perdomo, S. (2009). Relaciones Estado.
Sociedad civil: la regulación en debate. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de
la Republica. ANONG. http://www.anong.org.uy/docs/Publicaciones%20de%20interes/
Informa%20Final%20ICP.pdf (Recuperado en octubre del 2015).
Molas, A. (2012). La Bajada de la Política; Derechos Humanos de Adolescentes Víctimas
de Violencia (Tesis de Maestría). Facultad de Psicología, Universidad de la Republica.
Montevideo.
Olesker, D. (diciembre, 2013). Sistema de Protección Social en Uruguay. En Seminario
internacional Políticas Públicas para la Igualdad: Hacia Sistemas de Protección Social
Universal. Torre Ejecutiva de la Presidencia de la República, Montevideo, Uruguay. http://
www.mides.gub.uy/innovaportal/le/24880/1/olesker_el_sistema_de_proteccion_social_
en_uruguay.pdf (Recuperado en agosto del 2015).
Oliver, L. (2015). Tensiones entre Estado y sociedad civil: nuevas luchas por los derechos y la
ciudadanía. En: Contrapunto. Movimientos sociales. Nuevos escenarios, viejos dilemas.
Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio., pp. 73-81.
Ocina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). (2005). Manual para la
facilitación de procesos de Incidencia Política.,http://www.wola.org/sites/default/les/
downloadable/Advocacy%20Training/past/atp_manual_para_facilitacion_jun_05.pdf
(Recuperado en enero del 2016).
ONU. (1979). Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra
la mujer (CEDAW). http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/le/8782/1/Articulado%20
CEDAW.pdf
ONU, (1993). Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. https://www.
47
VOLUMEN V/ NÚMERO 1/ AÑO 3/ ISSN 977245257580/ PÁGINAS 27-47/ RECIBIDO: 18-06-2022/ APROBADO: 28-05-2022/ www.revpropulsion.cl
Revista ProPulsión. Interdisciplina en Ciencias Sociales y Humanidades
oas.org/dil/esp/1993-Declaracion_sobre_la_eliminacion_de_la_violencia_contra_la_
mujer.pdf
Organización Panamericana de la Salud. (OPS). (2009). Violencia contra las Mujeres.
Pozos, L. (2005). Participación e Incidencia Política de las Organizaciones de la Sociedad
Civil en América Latina. http://www.equipopueblo.org.mx/publicaciones/publicaciones/
descargas/divinv_parosc.pdf (Recuperado en abril del 2015).
Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual. (2005). Violencia Domestica e incidencia
en Políticas Publicas. http://www.violenciadomestica.org.uy/publicaciones/Violencia%20
domestica%20e%20incidencia%20en%20politicas%20publicas.pdf (Recuperado en
septiembre del 2014).
Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual. (2015). Sistematización de datos
secundarios sobre violencia de género y generaciones para desarrollar una actividad de
incidencia en las autoridades del periodo 2015-2020.
Rivero, S. (2007). Los desafíos de la Sociedad Civil organizada ante la realización de convenios
con el Estado para la implementación de políticas sociales. Conferencia realizada en la
Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de México (UNAM).
Rodríguez, A. (2013). La co-gestión de Políticas Publicas Sociales entre Estado y sociedad civil.
El aporte de la Psicología Social Comunitaria a la construcción del diálogo entre actores
diversos. Global Journal of Community Psychology Practice. 4(2), pp. 2-13. http://www.
gjcpp.org/pdfs/rodriguez-v4i2-20130701.pdf (Recuperado en febrero del 2015).
UNISEF, (2012). Planicación de políticas, programas y proyectos sociales. http://www.unicef.
org/argentina/spanish/cippec_uni_planicacion.pdf (Recuperado en abril del 2015).
